FUENTE : RAZON MAS FE
La controversia se intensifica en el seno de la Unión Europea tras el intento de incorporar el «aborto» como parte integral de una Directiva originalmente destinada a combatir la violencia contra las mujeres. Esta maniobra legislativa ha generado alarma entre diversas organizaciones provida, que denuncian la estrategia para normalizar el «aborto» como un derecho fundamental a nivel comunitario.
La Fundación NEOS, la Asamblea por la Vida y la Federación Europea One of Us han manifestado su «profunda preocupación y rechazo categórico» ante la inclusión de referencias al «aborto» en el proyecto de revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas (Directiva 2012/29/UE), relacionada con la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Se está utilizando una normativa cuyo propósito original era proteger a las víctimas y prevenir delitos como la violencia sexual, la violencia doméstica, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, para introducir el «aborto» como parte de la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres.
Este movimiento legislativo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia internacional más amplia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo la dirección de Tedros Adhanom, está impulsando activamente la promoción del «aborto» sin restricciones de edad gestacional, lo que en la práctica significaría permitirlo hasta el momento mismo del parto. El director de la OMS ha instado a que ningún país limite el llamado «derecho al aborto» basándose en «límites de edad gestacional», postura que ha generado controversia en círculos médicos y éticos internacionales.
En el ámbito europeo, el Parlamento Europeo ya había dado pasos en esta dirección al aprobar el «derecho al aborto», transformando lo que en muchos países era una mera despenalización en un supuesto derecho. Las organizaciones provida advierten que, de aprobarse la nueva Directiva con las referencias al «aborto», estaríamos ante el primer texto legal europeo e internacional que legitimaría el «aborto» de facto como un derecho. Además, señalan que esta iniciativa constituiría otra intromisión de la Unión Europea en ámbitos que son competencia exclusiva de los Estados miembros, vulnerando el principio de subsidiariedad.
Resulta particularmente significativo que esta propuesta avance con el respaldo del Partido Popular Europeo (EPP), a pesar de que los resultados de las últimas elecciones europeas mostraron una mayoría de fuerzas políticas que, al menos en teoría, rechazan la consideración del «aborto» como un derecho europeo y defienden el respeto al principio de subsidiariedad. Las organizaciones provida han criticado duramente esas «contradicciones internas» del Partido Popular Europeo y, específicamente, del Partido Popular de España, acusando su maniobra: «alinearse con las fuerzas de izquierda» y «traicionar las expectativas y compromisos adquiridos con sus votantes».
Esta estrategia de introducir el «aborto» en normativas con otros fines declarados no es nueva. Las organizaciones denunciantes establecen un paralelismo con lo ocurrido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde bajo propósitos ampliamente aceptados, como la erradicación del hambre en el mundo, se habrían introducido también referencias al «aborto». Esta táctica de utilizar vehículos legislativos o programáticos con amplio consenso para introducir cuestiones más controvertidas es lo que las organizaciones provida denominan «entrar por la puerta trasera».
El contexto internacional añade complejidad a este debate. Mientras Europa parece avanzar hacia una mayor liberalización del «aborto», Estados Unidos ha experimentado un giro significativo en dirección contraria, especialmente tras la revocación del caso Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema, que devolvió a los estados la capacidad de legislar sobre el «aborto». Es un claro contraste el existente entre las tendencias europeas y estadounidenses.
En España, el debate sobre el «aborto» también se ha intensificado en los últimos años. La legislación española se ha lanzado hacia una mayor permisividad, y algunos políticos abogan por incluir el «aborto» como un derecho en la Constitución. Esta tendencia se enmarca en el contexto europeo más amplio de presión para la normalización del «aborto» como derecho fundamental.
Las implicaciones de incluir el «aborto» en una Directiva sobre violencia contra las mujeres son profundas. Por un lado, establecería un precedente legal a nivel europeo que podría influir en las legislaciones nacionales. Por otro lado, vincularía conceptualmente el «aborto» con la protección de las mujeres contra la violencia, un marco interpretativo que las organizaciones provida rechazan frontalmente, pues el «aborto» no es una solución a la violencia, sino que constituye en sí mismo una forma de violencia brutal contra el niño inocente no nacido.