Canadá practica la eutanasia a los pobres y discapacitados

n hombre ha muerto por no poder acceder a un colchón. Esa es, en resumen, la historia de un hombre tetrapléjico que en enero decidió poner fin a su vida mediante la muerte médicamente asistida. La historia de Normand Meunier, según informa la CBC, comenzó con una visita a un hospital de Quebec a causa de un virus respiratorio. Posteriormente, Meunier desarrolló una dolorosa úlcera de decúbito tras quedarse sin acceso a un colchón que se adaptara a sus necesidades. A partir de entonces, solicitó el programa canadiense de Asistencia Médica a Morir (MAiD, por sus siglas en inglés).

Como escribe Rachel Watts en su informe, Meunier pasó noventa y cinco horas en una camilla en la sala de urgencias, poco menos de cuatro días. La úlcera de decúbito que desarrolló «acabó empeorando hasta el punto de que el hueso y el músculo quedaron expuestos y visibles, lo que hizo que su recuperación y su pronóstico fueran desalentadores». El hombre, que «no quería ser una carga», optó por morir en casa. Se está llevando a cabo una investigación interna sobre el asunto.

Las organizaciones de defensa de los discapacitados y otros colectivos llevan años advirtiéndonos de que el MAiD pone en peligro a las personas. Nos han advertido de que el riesgo de que la gente elija la muerte —porque es más fácil que luchar por sobrevivir en un sistema que empobrece a las personas, y lo hace de forma desproporcionada a los discapacitados— es real. La falta de inversión en atención médica llevará a la gente al borde del abismo, lo que significa que algunos elegirán morir en lugar de ser una «carga» para sus seres queridos o para la sociedad en general. Tenían razón.

Un Estado de bienestar fallido

Canadá tiene ahora una de las tasas de muerte asistida más altas del mundo. Como informó The Guardian en febrero, el 4,1% de las muertes en el país fueron asistidas por médicos (y el número está creciendo, un 30% entre 2021 y 2022). En una encuesta realizada a algo más de 13.100 personas que optaron por la MAiD, una mayoría significativa —el 96,5 por ciento— eligió poner fin a su vida ante una enfermedad terminal o una muerte inminente, señaló Leyland Cecco, autora del informe. Pero 463 lo eligieron ante «una enfermedad crónica».

El espíritu libertario contribuyó en parte a que poca gente se inmutara cuando se lanzó el MAiD. Con una visión más amplia de los derechos, muchos de los que no se dejaban influir por el libertinaje rutinario estaban convencidos de que la preocupación por la autonomía corporal y la compasión eran razones suficientes para adoptar el MAiD. Sin embargo, en ausencia de un Estado del bienestar robusto, y ante la pobreza estructural y la discriminación, especialmente hacia las personas discapacitadas, no hay mundo en el que el programa MAiD pueda entenderse como «progresista».

De hecho, el año pasado, Jeremy Appel argumentó que el MAiD estaba «empezando a parecer un final distópico del coste de proporcionar bienestar social». Aunque inicialmente se había mostrado de acuerdo, cambió de opinión sobre el MAiD al considerar que las decisiones que toman las personas no son estrictamente individuales, sino que están conformadas colectivamente y a veces son «producto de circunstancias sociales que escapan a su control». Cuando no nos cuidamos unos a otros, ¿en qué acabamos?

«Me he dado cuenta», escribió Appel, «de que la eutanasia en Canadá representa el cínico final del aprovisionamiento social con la lógica brutal del capitalismo tardío: te privaremos de la financiación que necesitas para vivir una vida digna (…) y si no te gusta, ¿por qué no te suicidas?».

Poner entre paréntesis la cuestión de si el programa debería siquiera existir en absoluto, permitiendo a aquellos que sufren enfermedades mentales acceder a un programa de suicidio —que el gobierno estaba dispuesto a permitir antes de reprogramar la controvertida expansión de la ley hasta 2027— es material de la más terrorífica ciencia ficción. En lugar de eso, podemos centrarnos en la absurda e inquietante realidad de que la desfinanciada y deficiente administración de la asistencia en Canadá ha conducido a algunos hasta la puerta de la muerte asistida, y a través de ella. Tal y como están las cosas, seguirán más. Es grotesco.

En la provincia más poblada de Canadá, Ontario, un beneficiario de una ayuda por discapacidad recibe unos 1300 dólares al mes, una miseria con la que debe cubrir alimentos, alojamiento y otras necesidades básicas. Ontario Works, el programa de asistencia social de la provincia, paga actualmente un máximo de 733 dólares al mes. Mientras tanto, el precio del alquiler de un apartamento de un dormitorio se acerca a los 2000 dólares al mes en muchas ciudades. En abril, en Toronto, un apartamento de un dormitorio costaba de media casi 2500 dólares al mes.

Eutanasiados por el Estado

En un artículo publicado en 2023 en la Canadian Medical Association Journal titulado «What Drives Requests for MAiD?» [¿Qué impulsa las solicitudes de MAiD?] James Downar y Susan MacDonald argumentan que

[A] pesar de los temores de que la disponibilidad de MAiD para personas con enfermedades terminales condujera a solicitudes de MAiD motivadas por la privación socioeconómica o la escasa disponibilidad de servicios (por ejemplo, cuidados paliativos), las pruebas disponibles indican sistemáticamente que el MAiD es más comúnmente recibido por personas de estatus socioeconómico alto y menores necesidades de apoyo, y por aquellas con una alta implicación de cuidados paliativos.

Según admiten ellos mismos, los datos al respecto son imperfectos. Pero incluso si lo fueran, el hecho de que «la mayoría» de los pacientes que eligen MAiD tengan una mejor situación socioeconómica no viene al caso. Algunos no la tienen, y esos «algunos» son importantes. Eso incluye a un hombre que vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica y que, en 2019, eligió la muerte médicamente asistida porque no podía encontrar una atención médica adecuada que también le permitiera estar con su hijo. También incluye a un hombre cuya solicitud solo enumeraba «pérdida de audición», y cuyo hermano dice que fue «básicamente condenado a muerte». Esta historia se produjo un año después de que los expertos plantearan la preocupación de que el régimen de MAiD del país violaba la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En 2022, Global News dijo abiertamente lo que no se decía: la pobreza empuja a los canadienses discapacitados a plantearse la MAiD. Esos «algunos» que se ven abocados a la muerte asistida debido a la pobreza o a la imposibilidad de acceder a una atención adecuada merecen vivir con dignidad y con los recursos que necesitan para vivir como desean. Nunca jamás deberían sentir la presión de elegir morir porque nuestras instituciones de bienestar social están famélicas y nuestro sistema sanitario ha sido vandalizado durante años de austeridad y mala gestión.

Dada la forma en que nuestras instituciones y élites económicas y políticas crean y perpetúan la pobreza en Canadá, especialmente entre las personas discapacitadas, deberíamos ser especialmente sensibles a las implicaciones del régimen MaiD del país para aquellos a los que a menudo se ignora cuando se advierte de los peligros de la ley.

El hecho de que tengamos colectivamente la riqueza, los medios y los recursos para hacer frente a la pobreza endémica y proporcionar una atención adecuada a todos pero elijamos no hacerlo mientras el Estado aplica la eutanasia a un sinfín de personas pobres y discapacitadas, es una profanación.

Por quién no doblan las campanas

En un artículo publicado en febrero en el Globe and Mail, el profesor de Derecho de la Universidad de Toronto Trudo Lemmens escribió: «Los resultados de la promoción del acceso a la muerte como un beneficio y la trivialización de la muerte como un daño contra el que hay que protegerse en nuestro régimen de MAiD son cada vez más claros». Al criticar la segunda vía del MAiD, que permite la muerte asistida por un médico a quienes no se enfrentan a «una muerte razonablemente previsible», Lemmens señala que a los dos años de su adopción, «los proveedores de MAiD de la “vía dos” ya habían acabado con la vida de cerca de setecientas personas discapacitadas, a la mayoría de las cuales probablemente les quedaban años de vida».

Al plantear su preocupación por la ampliación de la MAiD para cubrir las enfermedades mentales, Lemmens añadió que «cada vez preocupa más que una atención social y de salud mental inadecuada, y el hecho de que no se proporcionen ayudas para la vivienda, empujen a las personas a solicitar la MAiD», y señaló que «añadir las enfermedades mentales como base para la MAiD no hará sino aumentar el número de personas expuestas a mayores riesgos de muerte prematura».

En 2021, Gabrielle Peters advirtió en Maclean’s que ampliar el MAiD para cubrir a quienes no se enfrentaban a una muerte inmediatamente previsible era «peligroso, inquietante y profundamente erróneo». Explicó las diversas formas en que una ley de MAiD más amplia podría llevar a que la gente eligiera morir frente a la austeridad, añadiendo una lente interseccional que a menudo falta en nuestras discusiones y debates sobre el tema.

Advirtió de que no estábamos teniendo en cuenta «cómo la pobreza y el racismo se entrecruzan con la discapacidad para crear un mayor riesgo de daño, más prejuicios y barreras institucionales, capas adicionales de marginación y deshumanización, y menos recursos para hacer frente a cualquiera de ellos». Y aquí estamos. Deberíamos haber escuchado con más atención.

Mientras que el MAiD puede ser defendible como un medio para que los individuos ejerzan la elección personal sobre cómo vivir y cómo morir cuando se enfrentan a la enfermedad y el dolor, es claramente indefendible cuando la austeridad y la mala gestión inducidas por el Estado llevan a las personas a elegir poner fin a sus vidas que se han hecho innecesariamente miserables. En resumen, estamos matando a gente por ser pobre y discapacitada, lo cual es horroroso.

Así pues, corresponde a los defensores del MAiD mostrar cómo pueden evitarse esas muertes, del mismo modo que corresponde a los responsables políticos construir o reconstruir instituciones que garanticen que nadie opte nunca por poner fin a su vida por falta de recursos o apoyo, que podríamos proporcionar en abundancia si así lo decidiéramos.