Nadie habla de eutanasia. Solo el Gobierno, de espaldas a la sociedad, avanza en el trámite de la proposición de la ley. Todavía se empeña en extraer de los escombros de la pandemia motivos para apuntalar un derecho a la muerte cuando el mundo y España miran a otro lado, porque lo que quieren es oír hablar de vida.
La muerte de cientos de ancianos desasistidos ha generado una revuelta sociosanitaria sin precedentes. El Covid 19 ha retirado el velo a una realidad social que ya existía antes de tragedia: la oposición a la eutanasia. En estos días, una mayoría ciudadana suplica por la atención a los enfermos graves y por el cuidado de nuestros ancianos sin abandonarles -amontonados- en residencias o en sus domicilios. El relato ideológico de la eutanasia ha sido deconstruido por el hecho objetivo -histórico- de que la vida de los mayores enfermos importa porque cada vida es digna independientemente de la edad, de sus capacidades o su valor social. No sobra nadie. Todos en igualdad de condiciones para recibir la atención sanitaria a la que tienen derecho por ser humanos. Ahora nadie habla de eutanasia ni de derecho a morir sino de salvar vidas, todas igual de dignas. Hasta resulta desagradable sacar el tema cuando las constantes protestas reclaman el derecho a vivir, a recibir ayuda, tratamientos y cuidados para sacar adelante a todos los enfermos.
El Covid 19 ha destapado el bulo de que en España existía un amplio consenso social, político e incluso médico a favor de despenalización de la eutanasia. Mentira. Sobre esta 'fake new' el Gobierno insiste en una ley que nadie quiere y menos en esta penosa situación. Pregunten a la sociedad, a los enfermos graves y a sus familias que es lo que de verdad exigen respecto a la enfermedad terminal y la muerte. Pregunten a médicos y enfermeras de urgencias y de residencias, cuál es su postura ante el final de la vida de ancianos muriéndose. Con la catástrofe actual, el colectivo sanitario y la ciudadanía han manifestado que no es la eutanasia lo que están pidiendo los enfermos por muy autónomos que sean. Es otra cosa.
La eutanasia está siendo una de las grandes víctimas de esta pandemia. En estos momentos de máxima fragilidad, la humanidad ha sacado a flote su robusto instinto moral de solidaridad hacia los más vulnerables. Ha quedado patente que la clave de la supervivencia, del desarrollo y de la existencia humana es la co-existencia y no el individualismo. Vivir con otros, pero siendo todos responsables de todos sin dejar a nadie aislado en su soledad, vejez y enfermedad. En esto consiste la superioridad humana, la completa novedad del homo sapiens, en la capacidad de sentir la personal complicidad de cubrir las necesidades del otro semejante y de acudir en su socorro. La honorabilidad de una civilización se mide por el respeto debido hacia sus miembros más débiles: niños, ancianos, discapacitados y enfermos incurables... los que no se valen por sí mismos. Este es el justo peaje que una sociedad ha de pagar si quiere seguir siendo reconocida como humana a lo largo de la historia. Y en nuestra historia, ahora, reluce como nunca el reconocimiento público a nuestros mayores, el agradecimiento a su contribución al desarrollo de nuestro país, motivos que se suman a otros para no abandonarles a un funesto e inmoral destino.
Hasta el mismo Gobierno, aun persistiendo en su deseo eutanásico, ha publicado un informe sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, en el que critica con rotundidad la injusta discriminación e insolidaridad que supone no atender a los ancianos y discapacitados por su simple edad o enfermedad. Y a continuación, paradigmáticamente, sostiene «que tal discriminación se opone a los fundamentos mismos de nuestro derecho». Con sorpresa, el Gobierno reconoce ahora que todas las vidas valen lo mismo por la intrínseca dignidad que poseen. Adopta y comparte una posición provida: salvar a todos sin excluir a nadie, administrando los cuidados a todo paciente que los necesite para sobrevivir y no sufrir. Apela a la dignidad de cada enfermo como fundamento de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a ser sanado si se puede y a ser cuidado.
Disueltas quedan las argumentaciones autonomistas justificadoras de la petición de eutanasia de enfermos en fase terminal. Y la razón no es otra que el respeto incondicional hacia toda vida que edifica su fundamento inequívoco en la dignidad de cada ser humano y no en la limitada autonomía de los pacientes. Por este preciso motivo, los sanitarios corren y sufren sacando vidas adelante sin preguntarles si quieren ser salvados, y sin pensar en que estén menospreciando su autonomía. Ni pacientes, por graves que estén, ni sus familiares, desean la muerte, ni sufrir muriendo. Aplauden a la sanidad y confían en los sanitarios sin cuestionar su actuación cuando ponen todos los medios a su alcance por salvarles, porque es lo natural y lo que todos desean. Por tanto, el respeto a nuestros mayores enfermos que la sociedad exige en estos duros momentos revela que lo que ellos quieren es vivir hasta el final de su vida debidamente cuidados.
Los llantos por los ancianos muertos sin ser atendidos como merecían se están transformando ya en un poderoso mensaje de esperanza que disolverá los intentos de perpetrar la eutanasia. Celebrémoslo en los balcones a las ocho, a la nueve y a las diez: la eutanasia está a punto de desaparecer. Quizá la mentira sobre ella gane alguna batalla legislativa pero no la guerra final. Porque aceleradamente se está imponiendo la verdad de que todas las vidas son dignas hasta el último momento, reforzándose comunitariamente el deber moral de cuidar especialmente de nuestros ancianos sin abandonarles.