FUENTE: ABC El Congreso ha dado este martes luz verde a la tramitación de la proposición del ley (PL) presentada por el Partido Socialista para imponer penas de cárcel a los grupos provida que «obstaculicen el derecho al aborto» frente a las clínicas abortistas.
La PL --que contó con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo de PP y Vox-- propone añadir al Código Penal un nuevo artículo con el objetivo de poder castigar con penas de tres meses a un año de prisión al que «hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos».
Distintas organizaciones provida llevan años trabajando a las puertas de estos centros para ofrecer información a las mujeres y disuadirlas de practicarse un aborto. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que estas actuaciones suponen una coacción para las embarazadas, ya que muchas de ellas «son increpadas, insultadas o incluso amenazadas». Frente a esta situación, solicitaron al Gobierno en octubre del año pasado que estas actividades se consideren «un delito de obstaculización al derecho al aborto».
Durante la defensa de la propuesta, la diputada socialista Laura Berja Vega aseguró que «estos grupos organizados vulneran los derechos humanos de las mujeres y amenazan su libertad y su intimidad». «El único propósito de estos indesables es hacer sentir peor a las mujeres», aseveró.
En su intervención, la diputada incluso llegó a acusar a los provida de «utilizar elementos macabros como ataúdes de niños fallecidos» para disuadir a las mujeres a las puertas de estos centros concertados, donde se practican el 79 por ciento de los 99.000 abortos que se realizan cada año en España.
«Han visto acaso concentraciones frente a los centros hospitalarios para impedir la vasectomía de los hombres. No nos engañemos. Esto solo pasa porque el aborto es una derecho de las mujeres. Es el momento de parar esto, de detener la violencia machista», aseveró.
El debate se ha celebrado en un ambiente bronco que ha provocado la suspensión del Pleno durante diez minutos, ante la negativa del diputado de Vox, José María Sánchez García, a abandonar el hemiciclo tras ser llamado al orden en tres ocasiones por el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión durante este debate.
Sánchez García se negó en un principio a retirar un insulto que, según Rodríguez Gómez de Celis, había realizado contra la diputada del PSOE que en ese momento intervenía en la tribuna. Tras los diez minutos de receso, el vicepresidente primero reclamó de nuevo al diputado la retirada del «calificativo de bruja» a la diputada socialista Laura Berja. «Retiro que la he llamado bruja», ha respondido el representante de Vox, antes de que se reanudara la sesión.
«Intereses ideológicos»
La diputada por el Grupo Parlamentario Popular, María Teresa Angulo Romero, aseguró que con el pretexto de garantizar el acceso de las mujeres a las clínicas privadas de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno «pretende desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico al servicio de sus intereses ideológicos». Para ello, busca con esta PL «penalizar derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión porque lo que subyace es una limitación sectaria de los derechos en función de la idelogía de quien los ejerce».
«Ustedes no quieren penalizar una supuesta coacción, de ser así su propuesta sería innecaria porque el Código Penal ya tipifica la coacción. Ustedes quieren prohibir el derecho de reunión o expresión donde y de quien no le guste, porque solo les falta poner nombres y apellidos», aseveró.
La iniciativa de «dudosa constitucionalidad» pretende, según Angulo Romero, «criminalizar el derecho a reunión pacífica o de expresión» de estos grupos provida «solo porque no piensan» como el Gobierno. La diputada criticó la doble vara de medir del PSOE que, por un lado, persigue a los provida, mientras por otro «despenaliza y concede impunidad a los que sí atacan de manera violenta las instituciones, los símbolos constitucionales y sentimientos religiosos de millones de españoles o realizan actos de enalteciminto del terrorismo».
«Ustedes a quienes cometen esos actos le otorgan el beneficio de una interpretación ilimtada y laxa del derecho a la libertad de expresión y les conceden el derecho ilimitado a situar en una victimización permante y dolorosa, mediante la humillación y el desprecio, a determinados ciudadanos o colectivos, como es el caso especialmente sangrante de las víctimas del terrorismo», aseguró.
«Criminalizar a los provida»
En la misma línea, la diputada por Vox, María Ruiz Solás, acusó al PSOE de «legislar a las órdenes de las clínicas abortistas» y de «criminalizar» a los grupos provida, que «lo único que buscan es que la mujeres conozcan que hay otras opciones frente al aborto». Además señaló que la PL es en realidad «una coacción a la libertad de expresión». «¿Acaso las concentraciones de los grupos provida han impedido que las mujeres entren en las clínicas? Si sucediera esto habría denuncias y condenas y no las hay. No hay ninguna. Defender una idea no es coacción», aseveró.
Ruiz Solás tildó de «locura» la proposición de ley socialista. «Hay que ser muy ruin para no dar a tantos niños deshauciados su última oportunidad para vivir», afirmó la diputada, quien pidió a los grupos parlamentarios que apoyaron la iniciativa a «luchar de verdad por las mujeres y por sus verdaderos derechos y también por las mujeres del futuro: las mujeres no nacidas».
Pese a votar a favor de la iniciativa, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez Giménez, afirmó que la propuesta «no tiene suficiente seguridad jurídica», ya que el Código Penal «ya tipifica el delito de coacción y protege los derechos constitucionales». Sin embargo, recordó que el aborto «no es un derecho consitucional», por lo que esta PL debería proponer una modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 en lugar de proponer la modificación del Código Penal. «El encaje debería ser otro», advirtió.
La Proposición de Ley, presentada por el PSOE el pasado 12 de mayor, estipula que la pena por obstaculizar el derecho al aborto pueda ser también «trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días». También señala que los tribunales podrán imponer a «estos grupos organizados –como los denomina la iniciativa legislativa– la prohibición de acudir a determinados lugares por un tiempo que puede ir de seis meses a tres años».
Al menos tres organizaciones trabajan actualmente a las puertas de las clínicas abortistas para ofrecer información a las mujeres. La más numerosa es Más Futuro. En los últimos cinco años, sus 200 voluntarios han conseguido rescatar a 5.200 no nacidos en toda España. Durante este tiempo, esta organización que no recibe financiación pública no ha tenido una sola denuncia por coacción o intimidación.