La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, presentó este viernes el anteproyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
La norma, que formaba parte del acuerdo de coalición entre socialistas y podemitas y había sido reclamada en mayo por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, sufrió varios retrasos por las discrepancias entre las dos facciones gubernamentales. El PSOE teme sobre todo las consecuencias electorales de una ley muy mal recibida por el sector ganadero y por multitud de subsectores relacionados con los animales domésticos, a los que carga de prohibiciones, burocracia y multas.
De ahí el triunfalismo con el que Belarra se refirió a una norma que consagra la atribución a los animales de "derechos" y "dignidad" (conceptos jurídicamente exclusivos de la persona) y sitúa en desventaja respecto a ellos al ser humano no nacido.
Además ha sido muy criticada en el ámbito de la caza como "un absoluto disparate" y "un ataque sin precedentes no solo contra la caza sino contra la convivencia en el mundo rural", en palabras a Europa Press de Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisán para la conservación del medio ambiente y la actividad cinegética.
De hecho, la retirada del anteproyecto se va a incorporar a las reivindicaciones que llevará el mundo rural a la manifestación del campo convocada por Alianza Rural en Madrid el próximo 20 de marzo.
La ley viene acompañada además de una modificación del Código Penal para sancionar con multas y prisión diversas infracciones de la ley, y para considerar como agravante la violencia "instrumental" sobre los animales en los casos de "violencia machista", explicó Belarra. Según la nota difundida por el Gobierno, también se articularán "herramientas judiciales que permitan cambiar la titularidad [del animal] de manera previa a la resolución judicial" sobre el caso de "violencia de género".
Sacrificio, sensibilidad, dignidad
El anteproyecto se basa en la "dignidad" de los animales como "seres sensibles", que es la razón esgrimida para el objetivo de "sacrificio cero" que lo inspira. Se establece en consecuencia una prohibición absoluta del sacrificio salvo razones de salud pública o protección medioambiental, y siempre mediante mecanismos que no causen al animal "ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable".
Esto sitúa a cualquier "animal vertebrado" (los que son objeto de la protección penal de la reforma) en situación de ventaja respecto al ser humano no nacido. Primero, porque su "sacrificio" está permitido por la vigente ley del aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo sin alegar causa alguna. Y segundo, porque las evidencias científicas adelantan cada vez más, incluso hasta las 12 semanas, la existencia de dolor fetal con todos los métodos abortivos utilizados.